El aporte de la minería a las comunidades | Marine Resource

Si
las operaciones mineras pretenden ayudar a las comunidades en el tránsito hacia
el desarrollo sustentable, éstas deben tener la capacidad de participar con
efectividad en los procesos de toma de decisiones referidos a la instalación y
el funcionamiento de proyectos, con el objeto de evitar o reducir los posibles
problemas. Asimismo, las relaciones entre la comunidad y los restantes actores,
la empresa y el gobierno en particular, deben caracterizarse por la colaboración, la confianza y el respeto.

Resulta evidente la
necesidad de aumentar los beneficios originados en la minería y, a la vez, de
evitar o mitigar los efectos negativos de la actividad. Por lo demás, los beneficios deben ser
distribuidos en forma equitativa en las comunidades y mantenerse después de la
vida útil de la mina. Las acciones de las empresas y los gobiernos deben
reflejar sensibilidad y pertinencia cultural.

Aunque
existan muchos ejemplos de buenas prácticas, la situación actual está lejos de
alcanzar estos objetivos: en muchos casos, las comunidades locales no
participan en la toma de decisiones ni en la orientación de los impactos de la
minería, cargan con una parte desproporcionada de los costos de un proyecto sin
una adecuada compensación y reciben una parte indebidamente menor de los
beneficios económicos y sociales del desarrollo minero.

La complejidad y
diversidad de las comunidades constituye un desafío especial. Del mismo modo lo son las tendencias
en la industria que apuntan a la reducción de las empresas, nuevas tecnología,
menor empleo directo y vínculos comerciales menos sólidos. Otro desafío
consiste en garantizar que las metas y medios para alcanzar el desarrollo
sustentable se definan en la comunidad. Quizás el mayor desafío, a la luz de
los desequilibrios de poder, consiste en determinar quién es responsable y debe
rendir cuentas por la realización de las opciones y productos del desarrollo en
el plano de la comunidad, y cuál sería la mejor manera de administrar este sistema
de verificación.

Las
demandas del grueso de la comunidad por beneficios adecuados, directos y
sustentables de la minería son un fenómeno relativamente reciente. Por lo
tanto, es muy frecuente que ni las instituciones de gobierno, ni las empresas,
ni las propias comunidades estén preparadas para responder a tales demandas.
Las estructuras de gobernanza, sobre todo en países en desarrollo, generalmente
son inadecuadas para garantizar que las comunidades reciban una parte adecuada
de los beneficios que podrían destinarse a usos equitativos y sustentables. En
muchos casos, si las estructuras de gobernanza son débiles y carecen de
representatividad, algo similar sucede con los derechos ciudadanos y la
protección de los bienes públicos.

En
término realistas, es imposible que una empresa por sí sola pueda abordar este
desafío. Los problemas se complican en el corto plazo por el proceso de
descentralización que se observa en algunos países. Los gobiernos locales son
ahora actores más importantes, ya que asumen muchas de las funciones que antes
estaban a cargo del gobierno central. No obstante, en muchos países en
desarrollo, los gobiernos locales son débiles e ineficaces y otros no son
representativos. Es posible que los acuerdos negociados únicamente con la empresa
minera no sean considerados legítimos por la comunidad local. En el plano
administrativo, los gobiernos locales por lo general no tienen la capacidad
para formular y poner en práctica una política integrada del uso del territorio
con una perspectiva de largo plazo.

Como
quedó en evidencia el manejo de la riqueza mineral, en tales circunstancias las
comunidades a menudo se dirigen hacia las empresas responsables de los
proyectos, que se han encontrado a sí mismas proveyendo servicios de desarrollo
con el fin de obtener y mantener su licencia social para operar. Tradicionalmente,
estos servicios tienden a ser provistos por la empresa de manera paternalista,
lo cual genera una dependencia e impide que tales beneficios puedan mantenerse
luego del cierre de la mina.

Una
nueva relación comienza a surgir, sobre la base del reconocimiento de los
derechos de las comunidades y la necesidad de su participación en la toma de
decisiones. Además, nuevas iniciativas buscan evitar que las empresas asuman las funciones y responsabilidades del
gobierno, sino que procuren mejorar la capacidad del gobierno y otras
instituciones locales para aprovechar los beneficios derivados de la minería en
el largo plazo. Hay cada vez un mayor reconocimiento de que las ONG y otros
grupos de la sociedad civil también pueden actuar como mediadores
independientes. El criterio consiste en generar una relación formal con los
miembros de la comunidad local y sus representantes y orientar los proyectos en
función de las necesidades y prioridades locales. En efecto, se trata de
trabajar bien con las estructuras locales de gobiernos tanto formales como
informales.

La
labor emprendida por Socios Comerciales para el Desarrollo es una buena
enseñanza en materia de asociaciones a escala local. La iniciativa estudia,
apoya y promueve ejemplos estratégicos de sociedades entre la empresa, la
sociedad civil y el gobierno en un trabajo conjunto con miras al desarrollo de
las comunidades.

En
el ámbito local, sin embargo, trabajar con miras al desarrollo sustentable no
implica necesariamente mayores costos. Por lo general, se trata de hacer las
cosas de mejor manera y no de hacer más. Se requiere una mayor inversión de
tiempo en procesos participativos, pero generalmente son menores las
inversiones físicas. Los errores que se cometan deberían ser responsabilidad de
todos y utilizarse como base para aprender y no para pasar las cosas por alto.