La convivencia de la minería con sus comunidades | Marine Resource

• 0 Comments
• Marine Resources
• julio 5, 2019

La minería introduce un actor poderoso en el territorio que busca, en algunos casos, relacionarse con los actores locales para que acepten su proyecto; y en otros casos, estando ya definida y aceptada su presencia, busca organizar formas de convivencia que le permitan realizar sus actividades sin mayores problemas y con los menores costos.

En esta interlocución, los actores que representan los intereses de la población frente a la empresa minera, varías según un conjunto de factores existentes y el grado y la complejidad de la organización social determinan las estrategias que implementan.

Tipo de organizaciones y estrategias utilizadas

Generalmente, los territorios en donde existen yacimientos mineros o minas en explotación son zonas rurales, cuya población se encuentra dedicada principalmente a actividades agropecuarias. Cuanto más alejado está el proyecto o la mina de la ciudad y el mercado, las formas de organización social que se suele encontrar son más simples. Además, es importante considerar, que parte importante de los proyectos mineros se ubican en el Perú en lugares de gran altitud, donde viven principalmente comunidades campesinas. Un indicador de ello es que más del 50% de concesiones mineras se ubican en territorios de comunidades campesinas.

Otro elemento importante, para entender el entramado social, es la presencia del Estado. La accidentada geografía ha dificultado la presencia del Estado peruano: en la actualidad, una buena parte del país todavía no se encuentra integrada a las redes de servicios y los vínculos con el Estado son precarios y esporádicos. Por lo tanto, muchas poblaciones aún no cuentan con las formas de organización que se crean en otros lugares en torno a la relación con el Estado; por ejemplo, club de madres, asociaciones de padres de familia, juntas de usuarios de riego, etc.

Un actor social que tiene presencia nacional son las iglesias. La presencia de la Iglesia Católica, suele facilitar una vinculación con actores sociales externos ya que sus miembros son parte de una estructura jerárquica global, y de organizaciones que trasciende el espacio local (congregaciones). Situación distinta es la que existe cuando se trata de iglesias evangélicas. Estas son autónomas, con una estructura muy simple, el Pastor y la feligresía. En las zonas rurales del país, la presencia de las iglesias evangélicas es cada vez mayor.

Además, la relación con organizaciones campesinas regionales o nacionales es muy débil, principalmente, por la crisis que vienen experimentando desde hace ya varios años, lo que no les permite una articulación clara de las demandas.

Por lo tanto, en zonas rurales de gran altitud, la empresa minera se suele relacionar con comunidades que están organizadas en función de la gestión compartida y vertical del territorio y regulan sus relaciones con el derecho consuetudinario.

Si una o varias de estas comunidades se resisten al proyecto minero, lo primero que suelen hacer es buscar relacionarse con el Estado y hacer valer sus derechos sobre la tierra. Generalmente, trasladan a los miembros de su junta directiva a la ciudad más cercana y finalmente a la capital del país, por el nivel de centralismo en las decisiones. Estos intentos suelen ser extremadamente difíciles para las comunidades debido a que desconocen la estructura del Estado y sus competencias. Aprovechan también para pedir el apoyo de las organizaciones sociales de campesinos de nivel regional y nacional y vincularse también a organismos no gubernamentales (ONG), como ha ocurrido en varios conflictos en la última década.

Un primer intento del lado de las comunidades es revertir las concesiones o derechos mineros que el Estado peruano otorga a las empresas, algo que es casi imposible. Otro momento, en los que las comunidades solas o articuladas, suelen recurrir a medios institucionales, es durante el procedimiento de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En estos casos, buscan participar en los talleres y consultas previstas para el caso.

Cabe precisar, que en la mayoría casos ha sido muy difícil que la comunidad logre, sin apoyo técnico, comprender las implicancias del proyecto, e influir en el proceso de toma de decisiones. Son excepcionales las comunidades campesinas, que teniendo vínculos fluidos con la ciudad y el Estado, y a partir de recursos económicos propios, logran el apoyo técnico necesario para incorporarse, en otras condiciones, al procedimiento de evaluación del EIA.

Cuando las gestiones fracasan se recurre a la movilización social. Ello supone movilización directa, toma de carreteras, marchas de sacrificio u otros actos de protesta a fin de visibilizarse y visibilizar sus intereses y derechos.

Cuando se trata de varias comunidades que se encuentran en la zona de influencia del proyecto o mina, éstas buscan articularse. Sin embargo, no siempre lo hacen ya que la empresa muchas veces prefiere tener un trato directo con cada una de ellas y llegar acuerdos por separado. Este tipo de situaciones se han presentado con mucha frecuencia en escenarios de conflicto en el caso peruano.

Si la zona de influencia comprende además de la zona agrícola, uno o varios centros poblados y estos espacios se encuentran articulados al mercado y cuentan con la presencia del Estado, las organizaciones sociales son mucho más variadas: organización de productores, juntas de usuarios de riego, organización de comerciantes, club de madres, asociaciones de padres de familia, comunidad educativa, iglesias.

Tags: Comunidades andinas, comunidades mineras, Poblacion minera