El entorno ambiental minero | Marine Resource

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• octubre 11, 2019

La minería ha contribuido con el desarrollo sostenible del país como un importante sustento y socio estratégico de la sociedad civil y del Estado, aportando a la diversificación de la economía y a la igualdad de oportunidades de las poblaciones locales. Su crecimiento ha sido ordenado y basado en la estabilidad jurídica y social del país.

Los sectores tales como la agricultura, ganadería, industria, turismo, textiles, agroindustria, los bionegocios y otras actividades económicas y sociales locales se han expandido contando con la minería como un importante apoyo, alcanzándose el incremento del valor agregado, aprovechando las ventajas competitivas y el capital social existente.

La minería tributa significativamente para los diferentes niveles de gobiernos y ha contribuido a acelerar el proceso de industrialización del país, constituyendo un mercado de bienes y servicios, orientado a la exportación.

Su actividad respecto al medio ambiente se ha desarrollado responsablemente con el uso de tecnologías limpias. De otro lado, la minería artesanal se ha formalizado cumpliendo con los estándares ambientales y sociales. La educación, la ciencia y la innovación tecnológica tienen en la minería a un sector que las promueve sostenidamente,

Los actores vinculados a la minería como Estado, poblaciones, empresas, organizaciones no gubernamentales e iglesia han aportado al fortalecimiento de la institucionalidad; de la gestión confiable, transparente y responsable de los recursos; contribuyendo activamente al desarrollo de las capacidades locales, la protección del medio ambiente, el respeto a las identidades culturales y valores sociales locales, así como en la construcción de relaciones de confianza y el fortalecimiento de una cultura de diálogo y paz.

La minería tiene gran importancia en la economía nacional por ser la principal fuente de divisas. Sin embargo, es percibida por la población como una actividad que produce impactos queafectan y no benefician a las comunidades locales.

Consideramos que algunas causas que explican los conflictos sociales y ambientales son las siguientes:

• Las condiciones de desigualdad, pobreza extrema y sensación de exclusión que viven importantes sectores de nuestra población, en particular en aquellas zonas donde existen inversiones mineras.
• La débil autoridad y precaria gobernabilidad democrática, en particular por un Estado que está ausente o que, a pesar de su presencia, carece de autoridad y capacidades para cumplir con sus roles constitucionales.
• Autoridades y líderes locales, amplios sectores de comunidades, y empresas perciben al Ministerio de Energía y Minas (MEM) como una entidad parcializada, poco creíble y que cumple un doble rol, de juez y parte, en la promoción de la inversión minera y la fiscalización de sus actividades.
• Los importantes avances en materia de participación y legislación en responsabilidad social, control de pasivos ambientales y los planes de cierre, no son suficientemente reconocidos por la ciudadanía.
• La existencia de intereses diversos entre actores de la minería de índole política, económica y cultural. Esta diversidad requiere ser expresada y comprendida pues, de lo contrario, se producen situaciones de antagonismo y confrontación.
• El mayor acceso a la información y la expansión de la conciencia de los derechos humanos en un mundo globalizado, ha generado que las comunidades locales incrementen en los últimos años su preocupación por temas ambientales como el agua, la contaminación y los pasivos ambientales, generando una demanda que, al no ser reconocida, crea las condiciones de incremento del conflicto.
• El sostenido e importante incremento de petitorios mineros por parte de las empresas en todo el país, genera diversos procesos de compra y venta de tierras y mayores demandas de recursos hídricos. Esto ha ocasionado, en muchos casos, reacciones de las comunidades o demandas que requieren ser reguladas bajo nuevos procedimientos.
• Los niveles de desconfianza, incomunicación y prejuicios que existen entre los distintos actores de la minería, que han terminado por distorsionar el alcance de las diferencias y bloquean la posibilidad de encontrar soluciones concordadas.
• Las constantes variaciones y demoras en la distribución del canon, las decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dificultando la planificación y la ejecución de estos fondos en los gobiernos locales y regionales, han limitado la eficiencia de las inversiones y su aporte al desarrollo de las comunidades locales.

A través de las múltiples iniciativas en curso, una serie de principios van siendo definidos para guiar la aplicación local del desarrollo sostenible. Como se puede constatar, en los últimos años se ha comenzado a investigar sobre la interacción de la minería, el medio ambiente y las poblaciones rurales y urbanas, buscando levantar información preliminar y generar algunos “productos” que intentan ayudar a mejorar la relación de la industria minera y su entorno, en una perspectiva sustentable de desarrollo.

Todo indica, hoy en día, que temas como el de la responsabilidad social y comportamiento ético de las empresas, forman parte del escenario global de la producción. Sin embargo, también queda claro que todavía no se han podido definir los procesos adecuados que lleven a un verdadero compromiso con el desarrollo sostenible en zonas mineras: si una actividad económica como la minería aspira a un crecimiento sostenido, este objetivo deberá conciliar con los principios y objetivos propios del desarrollo sostenible.

Existen principios y requisitos señalados por diferentes organismos e instancias de trabajo, sin embargo lo que todavía no existe es una práctica sostenida que permita que estos, entre otros aspectos, comiencen a ser aplicados y ayuden a generar procesos de desarrollo local sustentable en zonas mineras entre los distintos actores involucrados: comunidades, empresas mineras y Estado.

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