El entorno social y ambiental en zonas mineras | Marine Resource

La
minería ha contribuido con el desarrollo sostenible del país como un importante
sustento y socio estratégico de la sociedad civil y del Estado, aportando a la
diversificación de la economía y a la igualdad de oportunidades de las
poblaciones locales. Su crecimiento ha sido ordenado y basado en la estabilidad
jurídica y social del país.

Los
sectores tales como la agricultura, ganadería, industria, turismo, textiles,
agroindustria, los bio negocios y otras actividades económicas y sociales locales
se han expandido contando con la minería como un importante apoyo, alcanzándose
el incremento del valor agregado, aprovechando las ventajas competitivas y el
capital social existente.

La
minería tributa significativamente para los diferentes niveles de gobiernos y
ha contribuido a acelerar el proceso de industrialización del país, constituyendo
un mercado de bienes y servicios, orientado a la exportación.

Su
actividad respecto al medio ambiente se ha desarrollado responsablemente con el
uso de tecnologías limpias. De otro lado, la minería artesanal se ha
formalizado cumpliendo con los estándares ambientales y sociales. La educación,
la ciencia y la innovación tecnológica tienen en la minería a un sector que las
promueve sostenidamente,

Los
actores vinculados a la minería como Estado, poblaciones, empresas,
organizaciones no gubernamentales e iglesia han aportado al fortalecimiento de
la institucionalidad; de la gestión confiable, transparente y responsable de
los recursos; contribuyendo activamente al desarrollo de las capacidades
locales, la protección del medio ambiente, el respeto a las identidades
culturales y valores sociales locales, así como en la construcción de
relaciones de confianza y el fortalecimiento de una cultura de diálogo y paz.

La minería tiene gran
importancia en la economía nacional por ser la principal fuente de divisas. Sin embargo, es percibida por la
población como una actividad que produce impactos queafectan y no benefician a las comunidades locales.

Consideramos que algunas
causas que explican los conflictos sociales y ambientales son las siguientes:

• Las
  condiciones de desigualdad, pobreza extrema y sensación de exclusión que viven importantes
  sectores de nuestra población, en particular en aquellas zonas donde existen
  inversiones mineras.
• La
  débil autoridad y precaria gobernabilidad democrática, en particular por un
  Estado que está ausente o que, a pesar de su presencia, carece de autoridad y
  capacidades para cumplir con sus roles constitucionales.
• Autoridades
  y líderes locales, amplios sectores de comunidades, y empresas perciben al
  Ministerio de Energía y Minas (MEM) como una entidad parcializada, poco creíble
  y que cumple un doble rol, de juez y parte, en la promoción de la inversión
  minera y la fiscalización de sus actividades.
• Los
  importantes avances en materia de participación y legislación en
  responsabilidad social, control de pasivos ambientales y los planes de cierre,
  no son suficientemente reconocidos por la ciudadanía.
• La
  existencia de intereses diversos entre actores de la minería de índole
  política, económica y cultural. Esta diversidad requiere ser expresada y
  comprendida pues, de lo contrario, se producen situaciones de antagonismo y
  confrontación.
• El mayor
  acceso a la información y la expansión de la conciencia de los derechos humanos
  en un mundo globalizado, ha generado que las comunidades locales incrementen en
  los últimos años su preocupación por temas ambientales como el agua, la
  contaminación y los pasivos ambientales, generando una demanda que, al no ser
  reconocida, crea las condiciones de incremento del conflicto.
• El
  sostenido e importante incremento de petitorios mineros por parte de las
  empresas en todo el país, genera diversos procesos de compra y venta de tierras
  y mayores demandas de recursos hídricos. Esto ha ocasionado, en muchos casos,
  reacciones de las comunidades o demandas que requieren ser reguladas bajo
  nuevos procedimientos.
• Los
  niveles de desconfianza, incomunicación y prejuicios que existen entre los
  distintos actores de la minería, que han terminado por distorsionar el alcance
  de las diferencias y bloquean la posibilidad de encontrar soluciones
  concordadas.
• Las
  constantes variaciones y demoras en la distribución del canon, las decisiones
  del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dificultando la planificación y la
  ejecución de estos fondos en los gobiernos locales y regionales, han limitado
  la eficiencia de las inversiones y su aporte al desarrollo de las comunidades
  locales.

A
través de las múltiples iniciativas en curso, una serie de principios van
siendo definidos para guiar la aplicación local del desarrollo sostenible. Como
se puede constatar, en los últimos años se ha comenzado a investigar sobre la
interacción de la minería, el medio ambiente y las poblaciones rurales y
urbanas, buscando levantar información preliminar y generar algunos “productos”
que intentan ayudar a mejorar la relación de la industria minera y su entorno,
en una perspectiva sustentable de desarrollo.

Todo
indica, hoy en día, que temas como el de la responsabilidad social y comportamiento
ético de las empresas, forman parte del escenario global de la producción. Sin
embargo, también queda claro que todavía no se han podido definir los procesos
adecuados que lleven a un verdadero compromiso con el desarrollo sostenible en
zonas mineras: si una actividad económica como la minería aspira a un crecimiento
sostenido, este objetivo deberá conciliar con los principios y objetivos propios
del desarrollo sostenible.

Existen principios y requisitos señalados por diferentes organismos e instancias de trabajo, sin embargo lo que todavía no existe es una práctica sostenida que permita que estos, entre otros aspectos, comiencen a ser aplicados y ayuden a generar procesos de desarrollo local sustentable en zonas mineras entre los distintos actores involucrados: comunidades, empresas mineras y Estado.