Ventajas competitivas de la responsabilidad social en mineras | Marine Resource

Nuestro
país, desde la remota época del Incario, tradicionalmente ha tenido como
principal actividad económica la Minería. Esta ha sido un motor de desarrollo a
lo largo de los siglos, y hay que entenderla en función a la visión que se
tenía de ella en cada etapa de la historia.

En
efecto, esta actividad que desde hace algunos años viene generando una serie de
controversias, por supuestos como que es altamente contaminante, no colabora
con el desarrollo social de las zonas de influencia, genera mayor pobreza, y
otros adjetivos. Ciertamente, no hay actividad económica más cuestionada que la
Minería; es así, que muchos proyectos de desarrollo minero se han visto
afectados, y muchas veces truncados, por la oposición radical de diversos
grupos, privando con ello que se concreten programas de inversión que implican
el ingreso de miles de millones de dólares; y, la creación de miles de puestos
de trabajo directos e indirectos.

El
Estado, de acuerdo con lo establecido en el art. 66º de la Constitución
Política, es propietario de los recursos naturales; y, de acuerdo a leyes
especiales para cada recurso, son otorgados en concesión a particulares para su
aprovechamiento. Es así, que el Estado, por acto administrativo, otorga
derechos reales a un particular, a través de concesiones de zonas mineralizadas
para el desarrollo de actividades mineras de exploración, explotación y
beneficio. Pero no por ello el Estado pierde su condición de propietario de los
recursos naturales, lo sigue siendo; y, el concesionario, es propietario solo
de los recursos que extrae, para ello debe cumplir los requisitos a que se
obliga de acuerdo a ley, esto es invertir en el desarrollo del proyecto,
cumpliendo los estándares ambientales establecidos.

Es
el caso, que durante los últimos años hemos venido observando reclamaciones
hechas por terceros que van desde centros poblados, municipalidades,
comunidades campesinas, y otros terratenientes, respecto del desarrollo de las
actividades mineras, y esto se ha visto incrementado a raíz del crecimiento del
precio internacional de los metales.

Los
críticos de la actividad minera piensan que no es compatible con otras
actividades, como la agricultura o la ganadería, que no genera desarrollo en
sus zonas de influencia, que daña el medio ambiente y afecta la calidad de vida
de la población.

Estas
afirmaciones afectan a toda una industria que genera, en muchos casos, entre el
25% y 50% del PBI. Estos opositores, principalmente, se enfocan en la mediana y
gran minería formal, que se encuentra enmarcada dentro de las normas vigentes,
pero, curiosamente, no prestan gran atención a la minería informal, que sí
afecta sensiblemente el medio ambiente, con escasas o nulas condiciones de trabajo;
e inexistentes medidas de seguridad, entre otros.

Las
empresas extractivas que deseen mantenerse, tienen a la RSE como una prioridad
ineludible en el desarrollo del negocio. Sin embargo, muchas van por el camino
no adecuado de la RSE. No hacen ningún esfuerzo por mejorar las consecuencias
sociales y ambientales de las operaciones. Enfrentamiento entre la empresa y la
sociedad. Presión a la empresa a pensar de forma genérica en la RSE, en lugar
de hacerlo según los lineamientos estratégicos empresariales.

La
RSE tiene enfoques fragmentados y desconectados de los negocios y una mala
estrategia oscurece muchas de las mejores oportunidades que tienen las mineras
de beneficiar a la sociedad. La Responsabilidad Social Empresarial no es: asistencialismo
en las comunidades, reemplazar las obligaciones del estado, aceptar las
solicitudes de los stakeholders, donar recursos; o, marketing ante la sociedad.
Debe ser el producto de un análisis de las alternativas de la RSE dentro del
Plan de Negocios de la empresa, sin considerarla de ninguna manera como un
costo o una limitación, o un problema, o un acto de beneficencia, y mucho menos
como el pago por operar en países del tercer mundo. La RSE debe ser considerada
como una de las ventajas competitivas de la organización para operar.

Como surge la RSE,
evidentemente no como un acto VOLUNTARIO DE LAS EMPRESAS. Es la respuesta a la Presión Pública de
los stakeholders, no es planificada y por lo general no aporta valor a la
empresa. Ante la presión del Estado y los stakeholders, se termina aceptando
convenios que son un problema en el largo plazo. Lamentablemente, los ejemplos
de iniciativas no coordinadas y planes no estructurados, son la mayoría en el
sector.

Usualmente,
las unidades mineras están ubicadas en lugares en medio de la Cordillera de los
Andes, donde existe una mínima presencia del Estado, por ello la mina se
convierte en el eje propulsor de la localidad, donde acuden los trabajadores y
pobladores y muchas veces las propias autoridades locales y regionales, para
buscar solución a sus problemas.

Hasta
hace poco, el concepto de Responsabilidad Social estaba asociado a un
paternalismo mal planteado consistente en una simple entrega de bienes y
servicios, sin que ello implique un desarrollo real y sostenido para la
población; lo que implicaba una política absolutamente asistencialista.

Esta
situación, refiriéndonos específicamente a la minería formal, ha sufrido un
cambio, el mismo que involucra una seria preocupación por el destino de esas
poblaciones. Ese cambio consiste en el desarrollo sostenible de las
localidades, donde se encuentran las operaciones viene siendo adoptado por
muchas empresas como política; ello mediante el apoyo a programas que impliquen
prácticas sociales, medio ambientales, de seguridad e higiene, simplificando
las relaciones con las comunidades aledañas, gobiernos locales y regionales,
así como con nuestros  trabajadores y sus
familias; en un contexto de respeto a las costumbres, cultura y sociedad de cada
localidad.

Actualmente,
se debe entenderse por Relaciones Comunitarias en la minería a la generación de
espacios de diálogo y concertación para desarrollar agendas de trabajo sobre
temas de interés común, generando lazos de confianza y acuerdos formales de
mutuo beneficio. Es así que invertir en
salud, educación y en proyectos productivos es factor clave para el crecimiento
sostenido de la población.

No
hay que olvidar que el Gobierno funciona como entidad fiscalizadora y
reguladora. Las leyes emanadas del Estado, norman la manera en que opera la
Empresa. Y, en caso de presentarse conflictos, el Estado debe asumir un rol mediador
en los conflictos entre la empresa y las comunidades.

Es
el caso que con frecuencia se presentan conflictos entre sectores del Estado,
principalmente, Gobiernos locales e incluso regionales, que demandan a la
Empresa bienes o servicios de apoyo, o entrando en apoyo a pedidos de la
población, dejando de lado su rol mediador. Estos casos, debemos manejarlos
dentro de los marcos que las leyes nos facultan, inclusive exigir la presencia
de autoridades de otro nivel; o, en caso de abusos flagrantes, debemos acudir a
los tribunales de Justicia.

Es
necesario resaltar, que todas las políticas, acciones y manejo de la Empresa en
estas materias deben encuadrarse dentro de las prácticas anticorrupción.

Las
buenas relaciones mejoran la reputación, reduciendo a su vez los costos
internos monetarios y sociales.

El uso eficiente de la tierra, el agua, la energía y otros recursos naturales hacen más productivas a las empresas y mejora sustancialmente la imagen de responsabilidad de las mismas. El buen gobierno, el obedecimiento de la ley y los derechos de propiedad son esenciales para la eficiencia, innovación y sostenibilidad de la empresa. Cualquier negocio que persiga sus fines a expensas de la sociedad en la que opera es solo ilusorio y temporal.